martes, 29 de abril de 2014

Protestar es un derecho… y ante la injusticia, una necesidad. PROHIBIDO REPRIMIR


"La verdadera tragedia de los pueblos no consiste en el grito de un gobierno autoritario, sino en el silencio de la gente" 
Martin Luther King

Berni y Milani. Nunca más represión para defender a los poderosos. 
Tanto la aprobación de la Ley Antiterrorista como el escándalo alrededor del espionaje ilegal por parte de la Gendarmería Nacional a organizaciones sociales conocido como “Proyecto X” hace ya un tiempo marcaron con fuerza la orientación por parte del Gobierno Nacional a criminalizar la protesta social, es decir amedrentar, perseguir y reprimir a aquellos que no se callan ante las injusticias y enfrentan en la calle las políticas del kirchnerismo, aquellas que tras más de una década no ha hecho más que rifar oportunidades para redistribuir la riqueza en serio y ha sostenido el más de millón y medio de pibes que ni estudian ni trabajan.
En el mismo sentido, fue el gobierno nacional también el que colocó en dos áreas sensibles en relación a este tema a dos personajes nefastos, en abierta contradicción con la supuesta “política de DDHH” que dicen sostener desde el oficialismo: al frente de la Secretaría de Seguridad (que tiene a su cargo a la PFA y la Gendarmería entre otras) han colocado a Sergio Berni, un Teniente Coronel del Ejército, empresario patagónico amigo de los k, vinculado fuertemente a los levantamientos carapintadas de Rico a fines de los ´80 y que durante la primera parte del gobierno K se dedicó a “desarticular” conflictos sociales desde el Ministerio de Desarrollo Social (como lo fueron los acampes de los cooperativistas del Argentina Trabaja, el Indoamericano y el acampe Qom en 9 de Julio). Ahora, ajuste mediante, su nueva “trinchera” es al frente de las fuerzas de seguridad. Por otro lado, han designado como jefe del Ejército a César Milani, un militar denunciado por organismos de DDHH por su participación en la inteligencia de la última dictadura militar, fuertemente vinculado a delitos de lesa humanidad y acusado de enriquecimiento ilícito.  
Nos preguntamos cómo puede un mismo gobierno puede decir que sostiene una política de DDHH “ejemplar” al mismo tiempo que sostiene a funcionarios de esta calaña. Nos oponemos firmemente a que haya funcionarios vinculados con delitos de lesa humanidad y con la represión tanto en el caso de Berni y Milani en el Estado Nacional, pero también al interior de nuestra universidad, tal como es el caso de Darío Richarte.  
Ahora el gobierno nacional prepara el marco legal para reprimir en medio de la crisis y el ajuste.
Con todo este historial a cuestas, ahora el kirchnerismo se dispone a cruzar una delgada línea: impulsan en el Congreso nacional un proyecto de ley absolutamente autoritario con el único objetivo de controlar las voces de quienes denunciamos y nos oponemos a sus políticas, mediante la “reglamentación” de las movilizaciones callejeras.
Si permitimos el cercenamiento del derecho a manifestarse, estaremos retrocediendo en la construcción de una sociedad verdaderamente democrática. No hay excusas, los reclamos hay que atenderlos no esconderlos o hacerlos desaparecer. 
El  proyecto define en su art. 5 qué manifestación será legítima y cuál no, enumerando una serie de requisitos a cumplir. Se desprende de esto que el 95% de las protestas que se dan hoy de docentes, estudiantes, desocupados y trabajadores, entre otros, sea desde ya “ilegítima”. En los términos de ese proyecto de ley; además, el art. 7, que ordena notificar entre otras cosas, a la policía, la movilización a realizarse, manda a identificar un responsable del grupo, lo que apunta totalmente a la criminalización de la protesta social de una forma escandalosa.  Así sucede en Chile, que tiene una constitución heredada de la dictadura de Pinochet, donde los estudiantes que luchan por la gratuidad de la educación pública, sufren permanentemente la persecución, represión y amedrentamiento ante su expresión colectiva al respecto. 
La reducción de la política a un expediente jurídico -con el fin de amedrentar a los actores sociales, acallar los reclamos populares, desarticular los movimientos sociales y deslegitimar la protesta- es la derrota de la política como forma de organización social. Es necesario generar todas las herramientas posibles a fin de garantizar el derecho a la participación en la vida pública.
Hay una larga tradición de lucha en la Argentina y las protestas callejeras fueron siempre el mecanismo elegido por todos los sectores para expresar sus demandas. En definitiva la regulación del derecho a la protesta social es imposible. Efectivamente, cuando la Presidenta dijo que iban por todo, era cierto: ahora van por nuestra voz, lo que no saben es que nuestra voz la vamos a defender. Porque EL SILENCIO NO ES MI IDIOMA.
En la Provincia, “emergencia” para la seguridad… Olvido para la educación y la pobreza.
Pocos días después de finalizado el histórico paro de los docentes, quienes finalmente tras 17 días fueron escuchados y tomados algunos de sus reclamos, el gobierno no dudó tanto (y la plata apareció en seguida) en destinar 600 millones de pesos para profundizar la misma política de seguridad que viene llevando adelante: Más patrulleros, policías retirados y la reincorporación de los efectivos acusados por la desaparición de Luciano Arruga. Nada de desmantelar las redes del delito organizado que con la participación de la política promueven el robo, el narcotráfico y la trata. Nada de participación ciudadana para enfrentar tales delitos. Solo más tropas en las calles.
Queda clara entonces cual es la orientación tanto a nivel nacional como en la Provincia de Buenos Aires, ajuste por un lado para la educación y la salud pública y criminalización de la pobreza y el conflicto social, represión mediante, por el otro.
Luciano Arruga y Marita Veron PRESENTES!
Para reprimir y criminalizar la protesta, Macri dice presente.
El primero en salir a apoyar el proyecto del Gobierno Nacional para criminalizar la protesta social fue el Jefe de Gobierno de la CABA, Mauricio Macri. Así lo anticiparon los Diputados Nacionales del PRO al aplaudir de pie el pasado 1 de marzo a CFK en el Congreso cuando anticipó esta medida.
Y es que no podía esperarse otra cosa del Jefe del PRO, aquel que desde el inicio de su gestión promovió la creación de la UCEP para reprimir a los más vulnerables de la Ciudad o bien intentó colocar al frente de la por aquel entonces recientemente creada Policía Metropolitana a Jorge “Fino” Palacios (ex comisario de la federal acusado de corrupción y vinculado al atentado a la AMIA), o bien la colocación de cámaras en las escuelas, la confección de listas negras en marco de las protestas estudiantiles. Aquel gobierno que no dudó en reprimir en el Indomaericano, la Sala Alberdi y el Borda a las diferentes voces que alzaron por el derecho a la vivienda, la salud, la educación y la cultura en la Ciudad.  
Se trata entonces de la muestra más acabada de que entre el PRO y el Kirchnerismo existe, más allá del esfuerzo de algunos sectores del progresismo K, un acuerdo sellado que no solo se expresa en la voluntad de reventar el espacio público en la Ciudad en pos de la especulación inmobiliaria sino también, producto de la salida de ajuste y represión que ha escogido el Gobierno Nacional, en acuerdos en el parlamento (como ya ha ocurrido con la ley antiterrorista) y en lamentables coincidencias discursivas, como ha ocurrido en el marco del paro nacional del 10 de abril pasado en dónde ambos gobiernos, el nacional y el de la CABA “condenaron” los métodos de lucha que los trabajadores y las organizaciones sociales y estudiantiles nos dimos para denunciar el ajuste en marcha.

Jornada Cultural contra la Criminalización y la Represión de la Protesta Social
A un año de la Represión en el Borda… Basta de autoritarismo y represión. Dignifiquemos la educación y la salud pública.
Venite al “MIERCOLES DE CATARSIS” el miércoles 30/05 desde las 16 en la Ftad. de Psicología (Av. Independencia 3065).
Bandas, música, bebida, muestras culturales y mucho más 
Cuando el fuego crezca quiero estar allí…

Ante el ajuste y la predisposición del gobierno para criminalizar y reprimir –más aun de lo que viene haciendo– las voces de quienes nos oponemos a esas políticas la juventud tiene que enfrentarla desde la alegre rebeldía que siempre nos ha caracterizado, con más unidad y participación que nunca… Y ese es el mejor aporte que podemos hacer que podemos hacerle al movimiento popular que se va expresando en las calles al calor de la movilización. Allí es donde queremos estar. Junto a los trabajadores y los humildes de nuestro pueblo, poniéndole el pecho a la crisis y el ajuste. Porque para nosotros la única emergencia es en la educación y la pobreza.

EL SILENCIO NO ES MI IDIOMA
SUR 

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